Ali Baba y los 100 ladrones

Memoria histórica

07.10.2014 | 04:15

JOSÉ LUIS VILLACAÑAS Todos los que lo conocen, asumen que Goirigolzarri, el presidente de Bankia, es un hombre discreto. Ha debido presionar lo suyo para que la cuestión de las tarjetas negras se resolviera sin escándalo. Sólo así se comprende que algunos ya hubieran pasado por caja y hubieran devuelto el dinero. Otros debieron ignorar los avisos. Finalmente se ha sabido todo, con la extrema indignación de la ciudadanía. La herida abierta no había dejado de supurar, y lo hacía cada vez que Blesa salía en la prensa, pero con esta noticia la moral de la gente ha quedado abierta en canal. Las revelaciones de un conocido periodista de que supuestamente Blesa fue elevado a la presidencia de Caja Madrid tras montar el sistema de contabilidad B de la calle Génova, sitúan todo el centro del entramado muy cerca de Aznar, que no a humo de pajas anunció su incomodidad por seguir viviendo en España y su inclinación a domiciliarse en algún país extranjero.

Todos estos detalles redondean la pintura que tenemos de una época terrible de la historia de España. Sin embargo, no nos dice nada diferente de lo que ya sabíamos. Sólo nos dice más y de forma más concreta. Ahora la pregunta es la siguiente: Si los administradores de las demás cajas de ahorros hubieran tenido la meticulosidad de Goirigolzarri, ¿habríamos conocido detalles semejantes? Probablemente. ¿Y qué pasaría si alguien investigase a los altos cargos de los bancos actuales? ¿Descubriría el mismo fraude fiscal? Montoro, que tan diligente fue al exigir que se declarasen como remuneración las pequeñas ayudas laborales de tantos trabajadores (comedores, ayudas a los hijos), ahora se ha rasgado las vestiduras. Pero no ha sido igual de diligente con estos privilegiados, que en un mes gozaban de más dinero negro que decenas de trabajadores recibían en ayudas legítimas en un año. En todo caso, cuesta trabajo pensar que estas prácticas eran ignoradas por las instituciones de Hacienda o por el Banco de España. ¿Quedará todo este inmenso sistema de complicidades sin análisis? ¿Sabremos lo que ha pasado a golpe de persecución judicial? ¿No seremos capaces, como pueblo, de reconstruir la memoria de esta crisis, con todas sus decisiones y sus detalles? ¿No debería ser parte de un ejercicio responsable del poder organizar una causa general sobre esta experiencia, sistematizarla y ordenarla? En mi opinión, no hay nada más importante si queremos mejorar nuestra democracia.

Ya es muy llamativo que el Estado y los jueces españoles tengan que vérselas con representantes políticos nombrados por partidos y sindicatos, justo de la misma manera que el Estado se las veía con Al Capone. Esto es sorprendente y testimonia la comprensión de la política que tan frecuente se ha tenido hasta ahora. Que cargos electos de forma legal, y elevados por instituciones públicas y por partidos oficiales, no padezcan control alguno de naturaleza política, ni censura moral alguna, ni presión ética de ningún tipo, y que tengan que ser perseguidos por los jueces años después por haber recibido sobresueldos bajo la forma de tarjetas negras y por cometer un fraude fiscal „y esto sólo porque el administrador público de la institución es de otra pasta y lo ha puesto en manos de la justicia„, todo ello testimonia la profunda enfermedad que ha vivido nuestro sistema político durante una larga época. ¿Qué tipo de alma tenía esta gente? ¿Qué desprecio profundo debía sentir por la suerte de sus conciudadanos, hundidos en una crisis sin parangón, mientras ellos derrochaban de una forma tan infame el dinero de los ahorradores? Al parecer, uno de los que recibieron una tarjeta negra sólo habría gastado cien euros. Este hombre debería ser preguntado por este extraño hecho y homenajeado por ello. Al menos quizás obtendríamos ánimos para comprobar que la miseria moral más completa no es necesaria ni inevitable, y que todo tiene en su origen un acto humano que siempre puede ser de otra manera.

Sí, este país bien merece un poder público resuelto a investigar todo lo que ha pasado, no por espíritu forense, ni por afán de penalizar, sino para conocernos de manera adecuada, para hacer transparente todo lo que ha sido opaco, para mejorar nuestras prácticas institucionales y ver los fallos sistémicos endémicos. ¿Cómo queremos aprender si no identificamos estas prácticas y las damos a conocer al público? ¿Cómo no se va a hundir en las encuestas un partido si su portavoz, ante los hechos comentados, como hizo en RNE el diputado Martínez Pujalte, sólo tiene palabras para decir que no está claro que no sea una práctica legal? ¿Es esto lo que necesita escuchar el ciudadano? ¿Cómo queremos darle el prestigio suficiente a la ley si aceptamos que cubre estas conductas?

No deberíamos ser ligeros en estos asuntos. Como no deberíamos pasar por alto la noticia de que los ciudadanos tendremos que pagar la indemnización a la empresa propietaria del almacén de gas situado frente a las costas de Vinaròs. ¿Cuántos contratos públicos se han firmado contra nosotros? No podemos recordarlos, como deberíamos. Pero este resulta especialmente grave. Van a ser mil quinientos millones de euros que saldrán de nuestros bolsillos, como un impuesto más, resultado de una chapuza que por sí sola califica al poder que la realizó, aunque no fue la única. Porque si Zapatero hubiera mandado hacer el estudio pertinente de riesgos antes de la construcción de la planta, ese almacén no se habría llevado a cabo y no tendríamos que pagar una cantidad que por sí sola ya es un magnífico negocio o inversión para una empresa privada. Ahora, ningún poder puede asumir los costes políticos de los terremotos, pero sin embargo sí está en condiciones de cargar sobre los empobrecidos ciudadanos una nueva sisa, ahora bajo la forma de subida de precios de un servicio básico.

¿Cómo puede defenderse la ciudadanía de estas prácticas? ¿Cómo podrían no quedar impunes? Incluso la pregunta sería otra: ¿cuántas actuaciones nos han escandalizado y yacen olvidadas, sepultadas por la siguiente, en estos años? ¿No debería organizar alguna fuerza política comprometida, con el dinero de una suscripción popular, un museo virtual con todas estas prácticas, un lugar donde quede memoria concentrada, sistemática, ordenada, relacionada, un portal en el que se tenga para siempre huella de conexiones, redes, amistades, clientelas? ¿No sería este un ejercicio de civismo, tanto como reconstruir la memoria de una guerra civil? Pues este tipo de gente, como los beneficiarios de estas tarjetas, declaró una guerra económica sin cuartel a sus conciudadanos. Sus efectos no han sido menos mortíferos. Y sin embargo, nadie se ocupa de organizar un relato conjunto, general, con nombres y apellidos, de esta inmensa trama perversa. Este es el monumento más urgente sobre la memoria histórica que necesita nuestra democracia. Sólo una iniciativa semejante nos puede llevar a la madurez política.
Eso es lo importante. Al día siguiente de estallar el escándalo de las tarjetas, el conocido periodista Iñaki Gabilondo le dedicó un enojado comentario en su alocución diaria, para mostrar su indignación y pesar por este tenebroso asunto. Era evidente que Gabilondo estaba en el límite de sus recursos retóricos. En alguien tan discreto como él, aparecieron las palabras malsonantes. Al final le dedicó un comentario a Podemos. Pero en realidad no se lo dedicaba a Podemos. Se lo dedicaba a los partidos tradicionales y sobre todo al PP y al PSOE, a quienes regañó con estas palabras: se empeñan en ponerle una carroza real a Podemos y permitirle que llegue al poder. Creo que ese comentario fue desafortunado y rácano. Era como pedirles a los partidos tradicionales que fueran responsables y se reformaran para impedir el triunfo de Podemos. En suma, era pedirle peras al olmo. Fuerzas que ya han perdido toda verdad, no pueden rendir ningún servicio a nuestra democracia. Lo adecuado hubiera sido, como buen demócrata, reconocer que Podemos tiene un momento de verdad: haber reunido a la ciudadanía en una decidida hostilidad a estas prácticas y luchar por una forma de representación política que no las permita jamás. Ese momento de verdad es su carroza real, no la falta de verdad y complicidad de unos actores demasiado implicados en prácticas corruptas que no han hecho nada por depurarse. Podemos no es el único hostil ni limpio de esas prácticas, ni su verdad la única verdad, desde luego. Pero Gabilondo perdió una ocasión dorada para reconocerla en positivo, no como un resultado sobrevenido de la mentira de aquéllos en los que, al parecer y pese a todo, sería su deseo confiar.